• La expedición del decreto 0182 de 2026 por el cual se modifican las reglas para la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional plantea serios desafíos para la operación del sistema de salud .
• La fragilidad operativa y financiera de las EPS intervenidas deriva en que una redistribución masiva de afiliados tiene altísimos riesgos de afectar la continuidad y la oportunidad en la atención de los pacientes.
• El Decreto reproduce la finalidad del Decreto 0858 de 2025 que fue suspendido por el Consejo de Estado en octubre de 2025, constituyéndose en un desacato al fallo judicial y por eso mismo ilegal.
