Bogotá, Marzo 17 de 2026. La instrucción de liquidar las EPS “en quiebra” ordenada por el Presidente de la República en su alocución presidencial pone en riesgo la atención de millones de pacientes que podrían ser trasladados a la Nueva EPS, entidad que no cuenta con capacidad financiera ni operativa para un aumento de su población afiliada, como lo señaló en días pasados el Tribunal Administrativo de Antioquia al suspender provisionalmente la medida que buscaba la redistribución territorial de la población entre las EPS.
Las medidas de intervención para administrar que ordena la Superintendencia Nacional de salud son un mecanismo para el rescate de las entidades y primordialmente de protección a los usuarios. En el caso de las ocho EPS intervenidas por este gobierno, los indicadores financieros y de atención, dan cuenta de un mayor deterioro patrimonial y operativo durante el periodo de intervención, imputable a la gestión de la intervención y al reiterado incumplimiento del gobierno a las órdenes de la Corte Constitucional en materia de financiamiento del sistema de salud. Las intervenciones no han conseguido el salvamento, han empujado al sistema a una crisis sin precedentes.
La liquidación de estas EPS no solamente no resuelve el problema de atención para sus afiliados, sino que agrava el de la o las EPS que deban recibir nuevos usuarios y que tampoco están en condición financiera ni operativa para hacerlo.
No es prudente ni procedente una medida de esta naturaleza cuando le corresponderá en breve al nuevo gobierno, en un dialogo mesurado y técnico, implementar rápidamente la estabilización de los servicios a través de un plan estructurado e integral de corto plazo.
Desde ACEMI hacemos un llamado para prevenir un daño mayor. La destrucción de las EPS a través de su desfinanciamiento, su posterior intervención y ahora su liquidación, no se trata simplemente de desaparecer entidades, sino del cuidado de vidas, de pacientes y sus familias que hoy sufren por falta de atención.
